El Estado recurre la consulta sobre los toros en San Sebastián

La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la convocatoria de la consulta sobre la celebración de festejos taurinos en San Sebastián, prevista para el 19 de febrero, y ha pedido su suspensión como medida cautelar. El Ayuntamiento donostiarra ha informado de la interposición de este recurso de la consulta sobre los toros ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 , que fue presentado el pasado 29 de agosto y admitido a trámite el 1 de septiembre.

La Abogacía asegura que el Consistorio realizó la convocatoria pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había anulado dos meses antes el Reglamento de Consultas Ciudadanas, decisión recurrida en casación ante el Supremo, que aún no ha emitido sentencia firme sobre el caso. Según esta misma fuente, la consulta sobre los toros se ha convocado «sin haber recabado con carácter previo, la preceptiva autorización del Gobierno de la nación y sin que haya sido aprobada previamente por el pleno de la corporación». La Abogacía del Estado cita la jurisprudencia para recalcar que es «incuestionable el sometimiento imperativo» de todas las consultas populares municipales a la autorización del Gobierno.

Alega también que la suspensión cautelar de la cita del 19 de febrero no causará «una perturbación grave de los intereses generales o de terceros, toda vez que tales hipotéticos intereses no pueden tener cobertura en situaciones manifiestas de ilegalidad, cual es el caso que nos ocupa».

La concejala de Participación, Duñike Agirrezabalaga, subraya que no les sorprende la decisión de la Abogacía del Estado porque «era lo esperado», aunque ha advertido de que el consistorio va a oponerse a la suspensión cautelar de la consulta de los toros. Ha asegurado que el Ayuntamiento mantendrá, no obstante, «todos los trámites y procedimientos» para dotarse de un nuevo reglamento que le permita «llevar adelante la consulta» -el nuevo texto se encuentra en fase de tramitación-.

Agirrezabalaga añade que lo que ha hecho la Administración del Estado ahora es solicitar la suspensión cautelar de la consulta «porque sabe que el contencioso sobre la propia consulta tardará en resolverse dada la lentitud de la Justicia en este país y que, por tanto, no estará resuelto para la fecha de su celebración».